La historia política reciente de Perú sumó este jueves un capítulo decisivo: el expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su rol en la fallida intentona de ruptura institucional del 7 de diciembre de 2022. La resolución, dictada por la Corte Suprema, cerró un proceso que mantuvo al país bajo debate permanente y que vuelve a poner sobre la mesa los límites —y consecuencias— de un poder presidencial que intentó imponerse por encima de la Constitución.

El tribunal determinó que Castillo actuó como coautor del delito de conspiración para una rebelión y subrayó que fue detenido en flagrancia cuando anunció la disolución temporal del Congreso y la intervención del sistema judicial. Aunque la fiscalía había solicitado 34 años de cárcel por cargos adicionales, el exmandatario fue absuelto de abuso de poder y perturbación del orden público. Las cámaras del Poder Judicial registraron a un Castillo sereno, acompañado únicamente por su abogado, recibiendo la lectura del fallo.

El episodio que marcó su caída se desarrolló en cuestión de horas: tras comunicar su decisión de gobernar por decreto, el entonces presidente abandonó Palacio de Gobierno rumbo a la embajada de México. Su familia logró llegar al recinto diplomático y recibió asilo; él, en cambio, fue detenido minutos después y destituido por el Congreso. Desde entonces, Castillo ha permanecido en prisión preventiva mientras avanzaban los juicios en su contra.

La condena también alcanzó a Betssy Chávez, ex primera ministra y actualmente asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima. El tribunal le impuso la misma pena —11 años, 5 meses y 15 días— y emitió una nueva orden de búsqueda y captura. Con esta sentencia, la justicia peruana cierra un proceso judicial, pero abre otro debate: el de un país que sigue sin resolver la fractura política que dejó aquel intento de golpe y cuyas tensiones aún resuenan en las calles y en el Congreso.