El gobierno ruso, a través del Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor), advirtió que podría retirar por completo WhatsApp del territorio nacional si la aplicación no cumple con las disposiciones establecidas en la legislación rusa sobre cooperación con las autoridades de seguridad.

El organismo informó que la plataforma, propiedad de Meta, no ha respondido de manera satisfactoria a las solicitudes de información relacionadas con investigaciones sobre delitos como fraude, actividades extremistas y otros actos considerados de riesgo para la seguridad pública. Según el regulador, WhatsApp mantiene deficiencias en su cooperación institucional, lo que ha derivado en la persistencia de grupos delictivos que utilizan el servicio para coordinar actividades ilegales dentro del país.

En meses recientes, Rusia ya había restringido algunas funciones del servicio de mensajería junto con otras aplicaciones extranjeras, argumentando la falta de cumplimiento de las normas locales. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de Roskomnadzor eleva el tono al advertir que, de continuar el incumplimiento, podría aplicarse una suspensión total del servicio en territorio ruso.

Por su parte, WhatsApp respondió que las medidas impuestas por el gobierno buscan limitar la privacidad de las comunicaciones entre los ciudadanos. La empresa sostuvo que su plataforma utiliza cifrado de extremo a extremo y cumple con los estándares internacionales de seguridad digital para proteger la información personal de los usuarios.

De forma paralela, el Kremlin ha impulsado el uso de MAX, una aplicación de mensajería desarrollada por el Estado como alternativa nacional. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos digitales y especialistas en ciberseguridad han manifestado preocupación por el posible uso de este servicio como herramienta de vigilancia y control social.

La tensión entre Rusia y las plataformas tecnológicas extranjeras se ha intensificado en los últimos años, en medio de una política más estricta sobre la gestión de datos y el control de la información en línea.