La relación entre Washington y Caracas volvió a tensarse tras la confirmación de Donald Trump de que sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas y un despliegue militar estadounidense que Venezuela interpreta como una amenaza directa. Aunque el expresidente evitó detallar el contenido de la conversación, su admisión reavivó el debate sobre la estrategia estadounidense hacia el gobierno venezolano.

Mientras tanto, desde el Congreso estadounidense surgió una versión más contundente: el senador Markwayne Mullin aseguró que Washington ofreció a Maduro salir del país y exiliarse en Rusia u otra nación, un planteamiento que Caracas rechazó tajantemente. Maduro respondió reforzando su narrativa de resistencia, describiendo a Venezuela como un país “indestructible” en un acto público donde destacó la presencia de aliados rusos y aseguró que el país vive un momento de estabilidad.

Las advertencias no quedaron solo en declaraciones diplomáticas. En una carta dirigida a la OPEP, divulgada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano pidió apoyo internacional frente a lo que calificó como una “agresión” de Estados Unidos que, según afirma, pone en riesgo la producción petrolera y los equilibrios del mercado energético mundial. Paralelamente, Caracas revocó permisos a varias aerolíneas que habían suspendido vuelos por una alerta de seguridad emitida por Washington.

La tensión también escaló en el ámbito militar. Venezuela denunció ante la ONU ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, acciones que han dejado decenas de muertos y que, según el gobierno venezolano, constituyen ejecuciones extrajudiciales. En el Parlamento, familiares de víctimas exigieron justicia mientras el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, calificó los bombardeos como “crímenes de guerra”, apoyándose en un reportaje que apunta a órdenes directas del Pentágono para eliminar a todos los ocupantes de una embarcación atacada.