La discusión por el combate al gusano barrenador volvió al centro del debate rural luego de que ganaderos de distintas regiones del país señalaran que las disposiciones vigentes han derivado en una sobrerregulación que dificulta su trabajo cotidiano. Aseguran que, lejos de contener la plaga, los controles se han traducido en más trámites, revisiones constantes y costos que afectan sobre todo a los pequeños productores.

Entre las principales inconformidades se encuentra la exigencia de procesos administrativos que no siempre consideran las condiciones del campo mexicano. Los ganaderos sostienen que cumplir con cada requisito implica tiempo y recursos que no todos poseen, en un contexto ya marcado por la sequía, el alza de insumos y la incertidumbre económica del sector agropecuario.

Desde la perspectiva de los productores, el problema del gusano barrenador requiere una estrategia integral que vaya más allá de la vigilancia y la sanción. Señalan la necesidad de fortalecer la prevención, la capacitación técnica y el acceso oportuno a tratamientos, en lugar de depender únicamente de normas que castigan fallas operativas sin atender las causas de fondo.

El malestar refleja una tensión más amplia entre las políticas sanitarias y la realidad del campo. Mientras las autoridades buscan contener riesgos zoosanitarios, los ganaderos reclaman un enfoque equilibrado que proteja la salud animal sin asfixiar a un sector que sostiene a miles de familias y cumple un papel clave en la economía rural del país.