La historia judicial del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sumó este lunes un nuevo capítulo. Agentes federales lo detuvieron en territorio chihuahuense para cumplir una orden de aprehensión vinculada a una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, una acusación que amplía el alcance de los señalamientos en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la orden fue librada el 16 de mayo de 2024 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez. La indagatoria apunta a un esquema financiero mediante el cual Duarte habría ocultado dinero de origen público a través de movimientos en el sistema bancario, con la finalidad de encubrir recursos presuntamente desviados durante su gestión como gobernador.

Este proceso se suma a los antecedentes judiciales que ya pesan sobre el exmandatario. En 2020 fue ubicado en Miami, y dos años después fue extraditado a México para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa del fuero estatal, investigaciones que continúan abiertas y que marcaron uno de los casos de corrupción política más visibles de la última década en la entidad.

La nueva imputación federal se centra en el presunto lavado de dinero y sigue una ruta distinta a las causas previas. Según la FGR, ahora se analizan bienes, cuentas y recursos que habrían sido movilizados de manera irregular durante su administración, lo que podría redefinir el alcance legal del caso y colocar el foco en la red financiera detrás del presunto desvío de fondos públicos.