La disputa por el agua cruzó de nuevo la frontera y escaló al terreno económico. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó una advertencia directa a México al señalar que impondrá un arancel adicional de cinco por ciento a productos mexicanos si no se entrega de inmediato un volumen mínimo de 200 mil acre feet de agua comprometidos en el Tratado de Aguas de 1944.

Desde la perspectiva de Washington, el problema no es reciente ni menor. Trump afirmó que México acumula un adeudo superior a 800 mil acre feet por incumplimientos registrados durante los últimos cinco años, una situación que, según su gobierno, ya tiene efectos visibles en la agricultura y la ganadería del sur de Texas, regiones particularmente dependientes del caudal del río Bravo.

El tratado binacional, vigente desde mediados del siglo pasado, establece que México debe enviar a Estados Unidos un volumen determinado de agua cada quinquenio como parte de un esquema de distribución entre las cuencas compartidas. Sin embargo, en el ciclo actual, las autoridades mexicanas han reconocido que la sequía prolongada ha limitado seriamente la disponibilidad del recurso, provocando retrasos y tensiones diplomáticas.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta pública ante el nuevo ultimátum arancelario. En posicionamientos previos, se había señalado que el déficit histórico formaba parte de negociaciones técnicas con Estados Unidos para encontrar salidas alternativas. El anuncio de Trump, sin embargo, reconfigura el conflicto al colocar el comercio como moneda de presión en una discusión donde el agua, cada vez más escasa, se ha convertido en un factor estratégico.