El Gobierno de México anunció una nueva política arancelaria dirigida a las importaciones provenientes de naciones con las que no mantiene acuerdos de libre comercio, como parte de una estrategia para fortalecer la industria nacional y resguardar alrededor de 300 mil empleos. La Secretaría de Economía (SE) confirmó que los ajustes fueron aprobados por el Senado mediante un proceso legislativo expedito que modificó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
La resolución establece la imposición de tarifas en 1,463 fracciones arancelarias que abarcan 17 sectores considerados estratégicos para la economía nacional. Entre ellos se encuentran industrias como autopartes, vestido, siderúrgica, electrodomésticos, textiles, plásticos, calzado y juguetes. Estos nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y buscan equilibrar la competencia frente a productos extranjeros que ingresan al país con precios muy por debajo del mercado.
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, explicó que las medidas forman parte de una política industrial más amplia que pretende incrementar el contenido nacional en la manufactura mexicana, así como impulsar la transición hacia procesos de producción con mayor valor agregado. De acuerdo con el funcionario, los sectores automotriz, textil y de muebles serán algunos de los más favorecidos en términos de competitividad.
Además del impacto en la protección del empleo, el Gobierno federal estima que la nueva estructura arancelaria permitirá recaudar hasta 70 mil millones de pesos adicionales por año. Las autoridades subrayaron que la disposición no tiene un enfoque punitivo hacia ninguna nación en particular, sino que se aplicará de manera general a todos los países que no cuenten con un acuerdo comercial vigente con México.
El sector industrial ha expresado su respaldo a la medida. Organismos como Concamin, Canacero y Canaintex destacaron que la actualización arancelaria es coherente con las necesidades actuales del país, ya que fortalece las cadenas productivas internas y responde a prácticas internacionales que han sido consideradas desleales. Para los empresarios, esta reforma podría marcar un punto de inflexión en la consolidación de una política industrial que priorice la competitividad y el empleo nacional.
