El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reclasificar la marihuana como una droga con menor nivel de peligrosidad, una decisión que marca un giro relevante en la política antidrogas del país y que tiene como principal objetivo ampliar la investigación científica y médica sobre sus posibles beneficios terapéuticos.
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la determinación responde a una demanda social creciente, particularmente de personas que padecen dolores crónicos y que han solicitado alternativas médicas menos agresivas. Trump enfatizó que esta medida no representa una despenalización del consumo de marihuana para fines recreativos, sino un ajuste técnico que permitirá estudiar mejor sus efectos y aplicaciones clínicas.
Antes de firmar el decreto, el presidente subrayó su postura personal en contra del consumo de sustancias, recordando que siempre ha aconsejado a su familia evitar drogas, alcohol y tabaco. En ese sentido, aclaró que la reclasificación no modifica su visión preventiva, sino que atiende un enfoque de salud pública y sentido común.
Funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que actualmente millones de pacientes ya utilizan productos derivados del cannabis, como el CBD, para tratar padecimientos relacionados con el dolor, la ansiedad y otros trastornos. Estos productos son legales en numerosos estados y forman parte de tratamientos médicos regulados a nivel local.
En Estados Unidos, la mayoría de las entidades federativas permiten el uso medicinal del cannabis y más de 20 estados, además de Washington D.C., han legalizado su consumo recreativo. Sin embargo, a nivel federal, la marihuana continúa clasificada como una sustancia altamente peligrosa desde 1970, cuando fue incluida en la categoría más restrictiva durante la administración de Richard Nixon.
Con la nueva orden, el cannabis pasaría de la categoría 1 a la categoría 3, donde se agrupan sustancias con un riesgo de dependencia moderado o bajo, como algunos medicamentos que contienen codeína. Este cambio también podría reducir las limitaciones para empresas dedicadas al cultivo y comercialización del cannabis, generando un impacto económico significativo.
No obstante, la reclasificación deberá ser evaluada y aprobada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Aunque el presidente no tiene facultades para modificar unilateralmente la clasificación de las drogas, el decreto instruye a la fiscal general Pam Bondi a agilizar el proceso, retomando una iniciativa que había sido impulsada sin éxito durante el gobierno de Joe Biden.
