La decisión del gobierno federal de retirar el impuesto a los videojuegos fue recibida como un alivio por millones de jugadores y desarrolladores, aunque desde el Congreso se insiste en que el debate apenas comienza. Para legisladores de Movimiento Ciudadano, la medida fiscal corrige un error, pero no resuelve el vacío jurídico que rodea a los deportes electrónicos, un sector que crece sin reglas claras ni reconocimiento institucional.

La diputada Laura Ballesteros sostuvo que el intento de gravar a los videojuegos evidenció una lectura limitada del fenómeno digital y su impacto social. Afirmó que, mientras los e-sports no sean reconocidos legalmente como disciplina deportiva, seguirán operando en un terreno informal que afecta tanto a jugadores como a organizadores y audiencias. En ese contexto, consideró indispensable que la cancelación del impuesto vaya acompañada de políticas públicas de largo alcance.

Las cifras refuerzan el argumento. México lidera el mercado de videojuegos en América Latina y se mantiene entre los diez países con mayor consumo a nivel mundial. Con más de 76 millones de personas jugando de manera activa y una derrama económica anual superior a los 2 mil 300 millones de dólares, el gaming se ha consolidado como un motor económico y un espacio central de la cultura digital contemporánea.

Ante este panorama, Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte e incorporar a los e-sports como modalidad reconocida. La propuesta busca abrir paso a una regulación progresiva y al diseño de políticas que acompañen a una industria que ya es socialmente relevante. Tras la eliminación del impuesto, el reto ahora es definir si el Estado mexicano dará el siguiente paso o mantendrá a los deportes electrónicos en un limbo legal.