El gobierno de México realizó el traslado de 37 personas consideradas de alta peligrosidad a Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que los internos eran requeridos por autoridades estadounidenses por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con el funcionario federal, los traslados se efectuaron desde distintos centros penitenciarios del país, principalmente desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, debido a que estas personas representaban un riesgo para la seguridad nacional. El operativo se llevó a cabo bajo los mecanismos legales vigentes y en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, así como a los protocolos institucionales de custodia y respeto a los derechos humanos.
García Harfuch precisó que la entrega de los internos se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y autoridades estadounidenses. Para el traslado se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, que llevaron a los reos a distintas ciudades de la Unión Americana, donde enfrentarán procesos judiciales.
El titular de la SSPC subrayó que, como parte de los acuerdos bilaterales, ninguno de los internos trasladados será sentenciado a la pena de muerte, garantizando así el respeto a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.
Este operativo corresponde a la tercera entrega de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos durante la presente administración, con lo que ya suman 92 criminales de alto impacto trasladados bajo este esquema de cooperación. Según las autoridades federales, estas acciones buscan debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales, además de reducir los niveles de violencia en el país.
El gobierno mexicano reiteró que la coordinación con Estados Unidos se mantiene dentro de un marco de respeto a la soberanía nacional y con el objetivo común de combatir a las redes delictivas transnacionales que operan en ambos países.
