A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el caso vuelve al centro del debate nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió revisar dos amparos relacionados con la sentencia impuesta a Mario Aburto Martínez, autor confeso del homicidio ocurrido en 1994. La determinación no revisa los hechos del crimen, pero sí el marco legal bajo el cual fue dictada la condena.

El análisis se enfoca en un punto clave: la legislación aplicada para sentenciar a Aburto. Aunque el homicidio ocurrió en Baja California, la pena de 45 años de prisión se basó en el Código Penal Federal. La defensa sostiene que debió aplicarse la ley penal local vigente en ese momento, cuya sanción máxima por homicidio era menor. De prosperar este argumento, la condena podría ser ajustada, sin que ello implique absolución.

La decisión de la Corte coloca el caso en una dimensión distinta, donde el derecho penal se cruza con la memoria histórica. El asesinato de Colosio marcó un antes y un después en la vida política del país, y cualquier revisión judicial genera inquietud social, no por el resultado inmediato, sino por lo que representa revisar jurídicamente un episodio que definió a una generación.

Más allá del desenlace, el debate abre preguntas de fondo sobre justicia, legalidad y el paso del tiempo. La resolución que eventualmente emita la Suprema Corte no solo sentará un precedente jurídico, sino que obligará a repensar cómo el Estado enfrenta los casos emblemáticos del pasado, cuando la exigencia de apego a la ley convive con el peso simbólico de la historia nacional.