A casi tres meses del incendio que sacudió a Hermosillo, la justicia dio un paso clave: seis personas físicas y la razón social de la tienda Waldo’s fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en la tragedia ocurrida el 1 de noviembre, que cobró la vida de 24 personas y dejó al menos 15 lesionadas. La decisión judicial marca el inicio formal de un proceso penal que busca esclarecer cómo una cadena de omisiones terminó en una de las peores tragedias recientes en la capital sonorense.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado presentó un cúmulo de pruebas periciales, documentos oficiales y testimonios que, a criterio del juez, permiten sostener la existencia de conductas culposas. Los delitos imputados incluyen homicidio, lesiones, daños y aborto, además del incumplimiento de deberes legales y el presunto uso de documentación falsa, señalando fallas estructurales que van más allá del accidente.

Aunque la mayoría de los imputados enfrentará el proceso en libertad bajo medidas cautelares —como presentaciones periódicas, garantías económicas y restricción para salir del estado—, el caso del representante legal de la empresa tuvo un tratamiento distinto. El juez avaló la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo procesal, aunque esta medida no se ha ejecutado debido a una suspensión provisional derivada de un amparo, resolución que la Fiscalía anunció que impugnará.

El tribunal fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, etapa en la que se buscará robustecer las pruebas y deslindar responsabilidades con mayor precisión. Paralelamente, dos personas quedaron fuera del proceso por prescripción o falta de elementos suficientes, determinaciones que también serán combatidas por la autoridad. Mientras tanto, para las víctimas y sus familias, el proceso apenas comienza en un caso que no solo exige justicia penal, sino una revisión profunda de las condiciones de seguridad en espacios comerciales.