La propuesta de reforma constitucional que busca disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha encendido las alarmas en la industria automotriz, un sector cuya operación depende de horarios flexibles y de las horas extra para responder a la demanda global. Especialistas advierten que el ajuste no solo transformaría la forma de organizar turnos, sino que también tendría repercusiones económicas y laborales en toda la cadena de producción.

Actualmente, las armadoras y fabricantes de autopartes pueden ofrecer hasta nueve horas extra con pago doble y más allá con pago triple, hasta un máximo de 18 horas semanales. La reforma limitaría este esquema a 12 horas, además de cambiar la distribución de los turnos a seis días, lo que obligaría a replantear los esquemas tradicionales de lunes a viernes y podría afectar ingresos adicionales de los trabajadores.

El déficit de automatización y robótica en las plantas mexicanas preocupa a los empresarios. La Industria Nacional de Autopartes (INA) advierte que, sin modernización tecnológica suficiente, la reducción de la jornada podría incrementar entre un 15 y 20% los costos laborales, disminuyendo la competitividad y complicando la atracción de inversiones y la reubicación de líneas de producción.

Los sindicatos reconocen que otros países han transitado hacia jornadas más cortas, pero alertan sobre el riesgo para los empleos, especialmente en plantas orientadas a la exportación. La discusión legislativa se prevé para principios de febrero en la Cámara de Diputados, con posibilidad de aprobación en mayo, mientras empresarios y trabajadores analizan cómo equilibrar productividad, inversión y bienestar laboral.