La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el asalto cometido contra personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), equipo encargado de la producción de contenidos oficiales del Gobierno de México, ocurrido en la carretera federal 57, a la altura del estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron durante la madrugada del 25 de enero, cuando el grupo de trabajadores federales transitaba por dicho tramo carretero luego de haber acompañado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a un evento oficial realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Durante el trayecto, las unidades fueron interceptadas por sujetos armados, quienes obligaron al personal a detenerse y los despojaron de equipo audiovisual especializado, además de dinero en efectivo.
La FGR precisó que, al tratarse de un delito ocurrido en una vía federal, la investigación quedó bajo la competencia de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí, con el respaldo de distintas corporaciones de seguridad de orden federal. Como parte de las acciones posteriores al asalto, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de búsqueda que permitió la localización del equipo robado.
Según el reporte oficial, los objetos fueron encontrados dos días después del ataque, abandonados en un paraje del municipio de Guadalcázar, a varios kilómetros del sitio donde ocurrió el asalto. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de los responsables, aunque las indagatorias continúan en curso.
Las autoridades federales tampoco han emitido un posicionamiento adicional desde la Presidencia de la República respecto al incidente, mientras que la FGR reiteró que la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
La confirmación del caso por parte de la Fiscalía federal se da en un contexto de versiones encontradas, luego de que autoridades estatales minimizaran el incidente y negaran que se tratara de un ataque contra personal vinculado directamente con la Presidencia. No obstante, instancias federales como la Guardia Nacional y la propia FGR han reconocido que el asalto afectó al equipo encargado de la cobertura institucional, lo que mantiene el tema en la agenda pública y bajo seguimiento oficial.