La reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales se perfila como uno de los temas centrales del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que dará inicio el 1 de febrero, luego de que legisladores del partido Morena acordaran con la presidenta Claudia Sheinbaum impulsar su análisis y posible aprobación durante ese mes.

La iniciativa, considerada prioritaria dentro de la agenda del nuevo gobierno federal, plantea modificar tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer una semana laboral de 40 horas sin que ello implique una reducción salarial ni afectaciones a las prestaciones laborales ya adquiridas por las y los trabajadores.

De acuerdo con los legisladores que respaldan la propuesta, la reforma también contempla mantener el pago de horas extra, así como establecer límites claros a la jornada máxima diaria, con el fin de evitar abusos y fortalecer los derechos laborales. El propósito central es generar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, además de impactar positivamente en la salud física y mental de la población trabajadora.

Uno de los puntos clave de la iniciativa es su aplicación gradual, con el fin de permitir que los centros de trabajo se adapten de manera ordenada a la nueva disposición. Para el año 2026, se prevé un periodo de transición en el que empresas y empleadores puedan realizar ajustes operativos, mientras que a partir de 2027 se iniciaría una reducción progresiva de la jornada laboral, con un recorte de dos horas por año.

Bajo este esquema, se proyecta que la jornada laboral de 40 horas semanales se consolide de manera definitiva en el año 2030, alineando a México con estándares laborales internacionales y con prácticas ya implementadas en otros países.

La propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, lo que aumenta las posibilidades de que avance durante el próximo periodo legislativo. No obstante, se prevé que su discusión incluya la participación de sectores empresariales, sindicatos y especialistas, con el fin de construir un consenso que garantice su correcta implementación.

Con esta reforma, el gobierno federal busca dar un paso significativo en la modernización del marco laboral, priorizando el bienestar de las y los trabajadores sin comprometer la productividad ni la estabilidad económica.