Durante sesión ordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el Decreto mediante el cual se declara vacante la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía General del Estado, con efectos a partir del 29 de diciembre de 2025. La determinación se dio tras la renuncia irrevocable presentada por el maestro Luis Fernando González Macías, quien se desempeñaba como Fiscal Especializado.
Con esta resolución, el Poder Legislativo notificará al Gobernador Constitucional del Estado para que, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación del Decreto, remita al Congreso una terna de profesionistas, de la cual se elegirá a la persona que ocupará el cargo hasta el 19 de diciembre de 2030. De igual forma, se informó oficialmente a la titularidad de la Fiscalía General del Estado sobre la vacante declarada.
En el apartado de dictámenes, las y los diputados aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, estableciendo como obligación de los municipios identificar y destinar reservas territoriales específicas para parques o zonas industriales, bajo criterios de sustentabilidad, conectividad y prevención de riesgos. Estas reservas deberán integrarse a los programas municipales de desarrollo urbano.
También fue avalada la adición a la Ley de Cultura estatal para incorporar el concepto de cosmovisión, con el objetivo de fortalecer el respeto a las visiones de los pueblos indígenas, garantizar derechos culturales y promover espacios culturales libres de violencia, además de impulsar la participación de mujeres en casas de cultura y la preservación de lenguas maternas.
En materia educativa, se aprobó una reforma a la Ley de Educación del Estado para promover el uso responsable de la tecnología, permitiendo que las autoridades educativas definan lineamientos sobre el uso complementario de celulares y dispositivos electrónicos en educación básica.
De manera unánime, el Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado y a la Ley de Protección a los Animales, endureciendo sanciones por maltrato a especies en peligro de extinción, con penas de cuatro a siete años de prisión y multas económicas significativas.
Asimismo, se avalaron reformas a la Ley de Desarrollo Social, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Ingresos del Municipio de Cerritos, además de exhortos a los ayuntamientos para actualizar reglamentos en materia de protección animal. Con ello, el Congreso avanzó en una agenda integral de fortalecimiento institucional y protección de derechos.
