Luego de presentar ante el Pleno del Congreso del Estado iniciativa para la creación de una nueva Ley de Justicia Cívica, el diputado proponente Rubén Guajardo Barrera destacó que en caso de ser aprobada, además de resolver conflictos cotidianos de forma rápida, pacífica y menos onerosa, una de las poblaciones más favorecidas serían las que habitan pueblos y comunidades del estado, principalmente indígenas.

En conferencia de prensa mencionó que se trata de todo un proyecto que será analizado en primer término en la Comisión de Régimen Parlamentario y Asuntos Electorales la cual preside, donde perfilarán el costo que tendría la nueva Ley de Justicia Cívica, sobre todo en los presupuestos municipales, así como si  es necesario realizar consultas para evitar futuras impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad.

Explicó que las juezas y jueces cívicos no dependerían del Poder Judicial sino directamente de los ayuntamientos quienes se encargarían de seleccionarlos, capacitarlos y asignarles sueldo y equipamiento.

"Lo que se busca es que se puedan imponer multas administrativas o mucho antes llegar a la conciliación, pero quien debe llevar todo el procedimiento son los ayuntamientos para poder evitar conflictos en la sociedad, estamos buscando que se pueda hacer un análisis, invitar a todas y todos los diputados, a la sociedad que pueda participar en este Dictamen, sacarlo adelante y que podamos tener una alternativa que pueda resolver los conflictos que hoy tenemos en la sociedad", puntualizó.