El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de Justicia Cívica en San Luis Potosí, con el propósito de brindar a los ayuntamientos una herramienta legal que permita atender conflictos cotidianos antes de que escalen a procesos judiciales largos y costosos, que afectan la convivencia social y desgastan las relaciones comunitarias.

Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que situaciones comunes como desacuerdos vecinales o conflictos familiares suelen terminar en juicios que se prolongan durante años. La propuesta, dijo, apuesta por un modelo distinto, centrado en el diálogo, la conciliación y la reparación del daño, en lugar de recurrir de inmediato a sanciones o castigos.

Guajardo Barrera destacó que la justicia cívica se ha convertido en una práctica eficaz en diversas entidades del país, donde existe una legislación estatal que faculta a los municipios para implementar mecanismos de resolución de conflictos mediante jueces cívicos. Este enfoque ha demostrado contribuir a la reducción de la reincidencia, mejorar la convivencia y construir comunidades más pacíficas desde lo cotidiano.

La iniciativa plantea que sean los ayuntamientos los responsables de crear la infraestructura necesaria para la aplicación de la justicia cívica, sin que esta dependa del Poder Judicial. Para ello, se requerirá inversión en espacios adecuados, así como capacitación y formación especializada del personal que estará a cargo de estos procesos.

El diputado informó que el posible impacto presupuestal para los municipios será analizado durante la revisión de la propuesta en la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, con el objetivo de garantizar que la implementación sea viable y gradual.

Asimismo, Guajardo Barrera señaló que el dictamen será sometido a un análisis amplio e incluyente, en el que se convocará a diputadas y diputados, así como a representantes de la sociedad civil, a fin de enriquecer la iniciativa y asegurar que responda a las necesidades reales de la población potosina.

Respecto a la posibilidad de realizar consultas ciudadanas, el legislador indicó que se evaluará su pertinencia, particularmente en municipios con población indígena, donde rigen usos y costumbres propios. En estos casos, dijo, será necesario analizar cómo armonizar la justicia cívica con los sistemas normativos internos, garantizando el respeto a la diversidad cultural y jurídica del estado.

Con esta propuesta, el Congreso busca avanzar hacia una justicia más cercana, preventiva y orientada a la solución pacífica de los conflictos sociales.