La Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó un dictamen que amplía las atribuciones de las Juntas de Participación Ciudadana, con el propósito de que puedan reportar formalmente a los ayuntamientos la existencia de edificaciones y terrenos particulares abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.

La propuesta contempla la adición de una fracción XV al artículo 23 de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, lo que permitirá a estos organismos ciudadanos canalizar denuncias y reportes relacionados con inmuebles en abandono que generan focos de inseguridad, conflictos sociales o afectaciones a la convivencia vecinal.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la comisión legislativa, explicó que esta modificación responde a una demanda recurrente de habitantes de colonias, barrios y comunidades, quienes han manifestado preocupación por la proliferación de predios en mal estado que suelen ser utilizados para actividades ilícitas o se convierten en espacios propicios para la comisión de faltas y delitos.

Indicó que, aunque actualmente las autoridades municipales tienen facultades para intervenir en ciertos casos, no existía un mecanismo formal que permitiera a las Juntas de Participación Ciudadana —como representantes directos de la población— presentar denuncias estructuradas ante los ayuntamientos. Con esta reforma, se busca subsanar ese vacío y facilitar una atención más puntual y ordenada.

Guajardo Barrera señaló que la cercanía territorial de las Juntas de Participación con las y los vecinos las convierte en un canal idóneo para identificar problemáticas sociales y de seguridad, por lo que dotarlas de esta atribución permitirá generar alertas tempranas y acelerar la respuesta de las autoridades competentes.

Además, la iniciativa pretende incentivar la participación ciudadana organizada, al ofrecer una vía clara para que las inquietudes vecinales se traduzcan en acciones concretas por parte de los gobiernos municipales. De esta forma, se fortalece la comunicación institucional y se promueve una corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades.

El legislador subrayó que ha recibido múltiples quejas relacionadas con terrenos baldíos y construcciones abandonadas, por lo que esta reforma busca que la autoridad pueda actuar a solicitud directa de la población, a través de sus órganos de representación.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y eventual votación, como parte del proceso legislativo correspondiente.