Después de casi siete años detenida en el ámbito legislativo, la aprobación de la Ley de Economía Circular marca un punto de inflexión en la política ambiental de México. El aval, otorgado el 19 de enero de 2026, no resuelve de inmediato los problemas de sobreconsumo y desperdicio, pero sí coloca en la agenda pública la necesidad de replantear un modelo económico que ha operado durante décadas bajo la lógica de usar y desechar.

Para el investigador Marcos Algara Siller, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el avance es relevante porque rompe con la inercia institucional. A partir de ahora, dependencias federales como Medio Ambiente, Economía y Energía deberán coordinarse para traducir la ley en reglamentos, programas y acciones concretas que puedan aterrizar en los estados, donde todavía el impacto es prácticamente inexistente.

Más allá del marco legal, el especialista subraya que la economía circular cuestiona una idea profundamente arraigada: que el crecimiento siempre implica producir y consumir más. Desde su perspectiva, el verdadero desarrollo no está ligado a la acumulación constante de bienes, sino a mejorar la calidad de vida con un uso más racional de los recursos, en un contexto donde el planeta muestra límites claros.

El reto, advierte, es transitar de un sistema basado en la obsolescencia programada hacia uno que priorice la durabilidad, la reparación y la reutilización. En un país donde las ciudades concentran la mayor parte del consumo energético y de las emisiones contaminantes, la ley representa una oportunidad para impulsar políticas públicas que apunten a la sostenibilidad urbana y a un cambio cultural de largo plazo, siempre y cuando la voluntad política acompañe al discurso.