Subirse a una unidad de transporte implica confiar en que el vehículo y quien lo conduce cumplen con reglas básicas de seguridad. Bajo esa lógica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene operativos de inspección permanentes en las cuatro regiones del estado, con revisiones aleatorias que, asegura la dependencia, no distinguen gremios, municipios ni modalidades. El objetivo es uno: que el servicio público opere dentro de la legalidad.

En Tampacán, una de estas supervisiones derivó en el retiro de circulación de cuatro unidades que no contaban con autorización ni permisos para prestar el servicio. Además de carecer de licencia vigente, gafete del operador y cromática oficial, los vehículos no tenían seguro obligatorio y superaban los 18 años de antigüedad, factores que elevaban el riesgo para los usuarios.

Más allá de la sanción puntual, el trasfondo es un proceso de ordenamiento que busca cerrar el paso a la informalidad. Para la autoridad, permitir que circulen unidades sin documentación ni cobertura de responsabilidad civil no solo vulnera la norma, sino que coloca a pasajeros y peatones en una situación de desprotección ante cualquier incidente.

La SCT sostiene que las inspecciones continuarán como parte de una estrategia de supervisión reforzada y reiteró su disposición al diálogo con el sector transportista. La meta, afirma, es combinar legalidad y coordinación para ofrecer un servicio más seguro y con mayor certeza jurídica para quienes dependen del transporte público todos los días.