Por Eugenia González

SSPC capitalina queda fuera de operativo estatal “convoy”

Secretario defiende modelo de Justicia Cívica, aunque persisten retos en prevención.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio Villa Gutiérrez, confirmó que la corporación municipal no ha sido convocada para integrarse al operativo “convoy” implementado por el Gobierno del Estado en municipios de la zona metropolitana y Villa de Pozos. La ausencia de coordinación formal ocurre en un contexto donde la seguridad continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas.

Aunque el funcionario aseguró que la capital mantiene su propia estrategia basada en la división de la ciudad en 24 cuadrantes con patrullaje asignado, no precisó si existe intercambio operativo directo con las fuerzas estatales en este despliegue específico. La falta de integración podría generar cuestionamientos sobre la coordinación interinstitucional en materia de seguridad metropolitana.

Villa Gutiérrez defendió el Modelo Nacional de Justicia Cívica, implementado desde 2022, como eje de la estrategia municipal. Informó que cada semana se presentan ante el juez cívico entre 120 y 130 personas por faltas administrativas, además de 45 a 60 puestas a disposición ante fiscalías por delitos. Sin embargo, especialistas en seguridad han señalado que la atención de faltas administrativas, si bien es preventiva, no sustituye operativos focalizados contra delitos de alto impacto.

El secretario destacó que el modelo incluye entrevistas de tamizaje para detectar problemáticas como adicciones o control de ira, así como la canalización a terapias y trabajo comunitario a través del programa “Domingo de Pilas”. Afirmó que estas acciones han reducido en 33 por ciento la reincidencia; no obstante, no se detallaron cifras comparativas sobre la evolución general de la incidencia delictiva en la capital.

Mientras el Gobierno del Estado despliega operativos conjuntos en municipios vecinos, la administración municipal apuesta por un esquema preventivo y restaurativo. El reto, coinciden analistas, será demostrar que este modelo no sólo reduce faltas administrativas, sino que también impacta de manera tangible en la percepción y en los índices de seguridad en la ciudad.