La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta cuestionamientos por su reacción tardía ante la denuncia de una exalumna que señaló haber sido agredida con un arma blanca por un profesor en activo de la Facultad de Ciencias. Aunque la institución confirmó que tuvo conocimiento del caso desde el 15 de diciembre a través de la Defensoría de Derechos Universitarios, no fue sino hasta el 10 de febrero —tras la difusión pública en redes sociales— cuando anunció la separación del docente de sus actividades frente a grupo.

El señalamiento coloca bajo escrutinio los protocolos internos de atención a la violencia y la capacidad de respuesta institucional. Según el testimonio de la afectada, acudió a la Defensoría universitaria después de denunciar ante la Fiscalía y recibir atención médica legal. Su intención era alertar a la universidad de la gravedad del caso y del hecho de que el profesor continuaba impartiendo clases. Sin embargo, se le informó que, al ser exalumna, no procedía la apertura de una carpeta interna de investigación.

Durante ese primer acercamiento, se le pidió enviar la denuncia y pruebas por correo electrónico para dejar registro como antecedente. La víctima cumplió con el requerimiento en enero y recibió un número de folio que formalizó la recepción del caso. Pese a ello, no se anunció ninguna medida preventiva ni se emitió posicionamiento institucional, lo que permitió que el docente siguiera en funciones académicas mientras la denuncia permanecía sin visibilidad pública.

Fue hasta el 9 de febrero, cuando el caso se viralizó en redes sociales, que la universidad reaccionó. Al día siguiente informó la separación del profesor de cualquier actividad que implique contacto con estudiantes mientras se desarrolla una investigación. La tardanza en la respuesta ha generado críticas sobre la prioridad que la institución otorga a la protección de su comunidad y sobre la eficacia de sus mecanismos internos para atender denuncias graves.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las universidades frente a posibles actos de violencia cometidos por su personal y la necesidad de protocolos claros que activen medidas inmediatas, independientemente del estatus de la persona denunciante. Hasta ahora, la UASLP sostiene que dará seguimiento al proceso, pero la polémica se centra en por qué la acción institucional llegó sólo después de la presión pública.