Por Redacción Contra Réplica

Congreso no puede autorizar subasta de inmuebles municipales, pero vigilará el proceso

El diputado César Arturo Lara Rocha señaló que la facultad corresponde al Cabildo; el IFSE supervisará la legalidad y transparencia de la operación.

El Congreso del Estado no tiene atribuciones legales para autorizar la subasta de bienes inmuebles planteada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ya que esta decisión compete exclusivamente al Cabildo municipal, afirmó el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.

El legislador explicó que, conforme al marco normativo vigente, son las y los integrantes del Cabildo quienes cuentan con la facultad para aprobar la enajenación de propiedades municipales. No obstante, subrayó que tanto el Poder Legislativo como el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) darán seguimiento puntual al proceso para garantizar que se realice con apego a la ley y bajo criterios de transparencia.

Indicó que, debido a que se trata de una operación por montos significativos, resulta indispensable vigilar que no exista especulación en la compra-venta de los predios ni falta de información pública sobre su ubicación, avalúos y condiciones de venta. Añadió que los recursos obtenidos no podrán destinarse al gasto corriente, sino que deberán canalizarse a obra pública, tal como lo establecen las disposiciones reglamentarias.

Lara Rocha manifestó que desde el Congreso se mantendrán atentos a los detalles de la subasta, incluyendo los precios establecidos y los posibles compradores, con el propósito de proteger el patrimonio que, enfatizó, pertenece a la ciudadanía potosina y no únicamente a la administración municipal en turno.

Asimismo, señaló que la Comisión de Vigilancia podría solicitar al IFSE información específica sobre el procedimiento, a fin de asegurar que se cumplan los principios de legalidad, rendición de cuentas y correcta aplicación de los recursos.

Finalmente, reiteró que el Poder Legislativo actuará con responsabilidad institucional, dando seguimiento general al desarrollo de estas subastas para salvaguardar los intereses de la población y garantizar que cualquier operación se realice bajo parámetros claros y verificables.