La cuenta regresiva terminó para municipios y poderes del estado. El Instituto de Fiscalización Superior dio por concluido el último plazo legal para que los entes auditados entregaran la documentación con la que buscaban justificar o aclarar las observaciones detectadas en las Cuentas Públicas 2024. Con ello, arranca una etapa decisiva: la definición de posibles responsabilidades.

El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, recordó que desde diciembre pasado los entes fiscalizados —ayuntamientos y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— fueron notificados formalmente de las observaciones derivadas de las auditorías. A partir de la firma de las actas de cierre, contaron con el tiempo establecido por la ley para desahogar señalamientos relacionados con presuntos daños al erario o irregularidades administrativas.

Ahora, el Instituto dispone de 60 días hábiles para revisar la documentación recibida y determinar cuáles observaciones permanecen sin solventar. Posteriormente, en un plazo adicional de 30 días hábiles, deberá informar al Congreso del Estado las acciones finales que resulten del proceso de fiscalización correspondiente al ejercicio 2024.

Si persisten inconsistencias o se confirma la falta de aclaración, el órgano fiscalizador procederá conforme a la ley: podrá promover sanciones ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o los órganos internos de control, presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y, en casos graves, solicitar juicio político ante el Congreso. Más allá de los trámites, lo que está en juego es la rendición de cuentas y el mensaje público de que el manejo de los recursos no queda sin revisión.