Por Redacción Contra Réplica

Familia de motociclista atropellado exige justicia y castigo ejemplar para Gabriela “N”

Odilia Vázquez, madre de la víctima, pidió una sentencia proporcional a la gravedad del caso tras la vinculación a proceso de la acusada por homicidio calificado con agravante de saña.

Durante la audiencia en la que Gabriela “N” fue vinculada a proceso por homicidio calificado con agravante de saña, familiares de Roberto Hernández, el joven motociclista que perdió la vida el pasado 3 de enero en Iztapalapa, exigieron justicia y una sanción ejemplar para la presunta responsable.

Con profunda tristeza y visible indignación, Odilia Vázquez, madre del joven, señaló que el daño causado es irreparable y que la imputada actuó con total indiferencia ante el sufrimiento que provocó. “Me quitó a mi hijo, y nada me lo va a devolver. Lo que pido es justicia, que la castiguen por la forma en que actuó”, expresó al finalizar la audiencia, entre lágrimas y rodeada de familiares y amigos.

El abogado de la familia, Ricardo Díaz Estrada, explicó que la calificación del delito con “agravante de saña” se debe a que, según las pruebas, Gabriela “N” era consciente del atropellamiento y continuó avanzando con el cuerpo de la víctima debajo del vehículo durante varios metros, sin intentar detenerse. Esta circunstancia, señaló, demuestra una conducta dolosa y una falta de humanidad que agrava la responsabilidad penal.

La madre de la víctima también reprochó que la acusada no haya mostrado arrepentimiento ni ofrecido disculpas, lo que, dijo, aumenta el dolor y la impotencia de su familia. “Ella no ha dado la cara. Lo que queremos es que se haga justicia y que pague por lo que hizo”, reiteró.

Por orden del juez, Gabriela “N” permanecerá en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, mientras continúan las investigaciones complementarias. De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de entre 20 y 50 años de prisión.

El caso ha generado una fuerte reacción social y ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal en hechos de tránsito con dolo, así como la necesidad de reforzar las medidas de prevención vial y de justicia para las víctimas.