En un movimiento que mezcla seguridad pública y control de la información, el gobierno de Chiapas anunció la inhabilitación de decenas de cuentas en redes sociales asociadas, según las autoridades, con grupos del crimen organizado. La medida se presenta como un intento de cortar el flujo de propaganda que, se argumenta, ha servido para enaltecer actos delictivos y atraer a jóvenes hacia conductas violentas.

El gobierno aseguró que la decisión responde a estudios y seguimientos realizados por instancias de seguridad, que identificaron perfiles y páginas que, bajo apariencias inocuas o culturales, difundían mensajes que exaltan a estructuras delictivas. Aunque no se dieron cifras exactas de perfiles eliminados, el impacto es significativo en comunidades donde estas plataformas funcionan como canal de comunicación alternativo, especialmente entre la población más joven.

Para especialistas en seguridad y sociología, la iniciativa plantea un debate importante: ¿hasta qué punto el Estado puede intervenir en espacios digitales sin tocar libertades fundamentales? En Chiapas, una entidad marcada por altos niveles de migración y cercanía con rutas de tráfico, el control de la narrativa criminal tiene un atractivo político y social fuerte, pero también abre preguntas sobre la transparencia y los criterios utilizados para determinar qué cuentas son ilegítimas.

Mientras tanto, ciudadanos y defensores de derechos digitales observan con atención el desarrollo de la estrategia. Para algunos, es un paso necesario para frenar la normalización de la violencia; para otros, una señal de alarma sobre el equilibrio entre seguridad y libertad de expresión. En un país donde las redes se han convertido en espejo y amplificador de tensiones sociales, la decisión de Chiapas podría ser un antecedente para otras entidades.