Un correo electrónico puede bastar para sembrar pánico en cualquier pequeño negocio. Esa es la apuesta de quienes han comenzado a enviar mensajes apócrifos a nombre de la Procuraduría Federal del Consumidor, en los que se anuncian supuestas multas, registros en un buró público o incluso cierres inmediatos. La institución detectó esta modalidad de fraude y lanzó una advertencia directa a los proveedores para que no caigan en el engaño.

Los mensajes simulan ser notificaciones oficiales y presionan a los destinatarios con la promesa de “evitar el cierre del negocio” a cambio de un pago inmediato. Sin embargo, las sanciones reales solo pueden imponerse tras un procedimiento administrativo formal, debidamente notificado y sustentado en la Ley Federal de Protección al Consumidor. En los correos falsos abundan señales de alerta: fechas inexistentes, direcciones electrónicas que no pertenecen a cuentas institucionales, amenazas sin audiencia previa y enlaces externos sin verificación.

La Procuraduría recordó que jamás solicita depósitos ni transferencias por correo electrónico y que cualquier acto de autoridad debe estar fundado y motivado conforme a la ley. Ningún proveedor puede ser sancionado sin antes tener derecho a defenderse en un proceso legal. Esa garantía, subraya la dependencia, es parte esencial del debido proceso y no puede omitirse bajo ninguna circunstancia.

Frente a un mensaje sospechoso, la recomendación es clara: no realizar pagos, no compartir datos confidenciales y verificar cualquier notificación directamente en los canales oficiales. También se pide reportar estos correos a la dirección institucional habilitada para tal fin. Más allá de la alerta puntual, el llamado es a no dejarse intimidar por amenazas digitales que buscan aprovecharse del temor y la desinformación.