El combate a la extorsión telefónica comienza ahora con un trámite administrativo. Entre el 9 de enero y el 23 de febrero de 2026, un total de 9 millones 311 mil 607 líneas móviles fueron asociadas a la Clave Única de Registro de Población y a la identificación oficial de sus titulares, según el más reciente corte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La cifra representa un salto de más de 5.9 millones de registros respecto al informe preliminar de finales de enero.

Detrás del dato hay una radiografía del mercado: en México operan alrededor de 158 millones de líneas activas y el 85 por ciento corresponde a esquemas de prepago, tradicionalmente anónimos. Solo el 15 por ciento está ligado a contratos formales de pospago. Ese desequilibrio explica la urgencia del nuevo marco normativo, vigente desde el 9 de enero de 2026, que apuesta por reducir la opacidad en las comunicaciones y facilitar la trazabilidad de llamadas vinculadas a delitos.

La presión regulatoria responde a una estadística contundente. Durante 2024 se denunciaron 7.4 millones de extorsiones y cerca del 90 por ciento se realizaron por vía telefónica. Con ese antecedente, las principales operadoras activaron mecanismos para que los usuarios de prepago puedan registrar su número tanto en sucursales físicas como a distancia, mediante validaciones digitales que incluyen una prueba de vida con autorretrato.

A diferencia de intentos previos de centralizar la información en una sola base de datos, el nuevo esquema funciona de manera independiente por cada empresa. El reto ahora no solo es técnico, sino social: convencer a millones de usuarios acostumbrados al anonimato de que vincular su número a la CURP es un paso necesario en un país donde el teléfono celular se convirtió, al mismo tiempo, en herramienta cotidiana y en instrumento frecuente de delito.