La Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado aprobó el dictamen que incorpora el principio de igualdad sustantiva en la política forestal de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad en la gestión, conservación y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
La reforma, impulsada por el diputado Tomás Zavala González, propone modificar las fracciones IX y X, y adicionar la fracción XI del artículo 2º de la Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal del Estado, con el fin de asegurar que la perspectiva de género sea un eje transversal en las políticas públicas del sector.
Durante la sesión de trabajo, Zavala González —quien preside la comisión— destacó que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones forestales no solo responde a un compromiso de justicia social y derechos humanos, sino también a una estrategia clave para alcanzar un manejo sostenible e incluyente de los ecosistemas.
El legislador explicó que la igualdad sustantiva implica ir más allá del reconocimiento formal de derechos, al eliminar los obstáculos históricos, sociales y culturales que han limitado la participación equitativa de las mujeres, comunidades indígenas y jóvenes en la administración de los recursos forestales.
Asimismo, señaló que esta reforma armoniza la legislación estatal con el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027 y con tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados parte a adoptar medidas concretas para acelerar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Zavala González subrayó que la gestión forestal sostenible requiere de una visión más participativa y representativa, donde la inclusión y la equidad sean pilares fundamentales para proteger el patrimonio natural de San Luis Potosí.
El dictamen fue aprobado por unanimidad y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación, en lo que se considera un paso decisivo hacia una política ambiental más justa, equitativa y con enfoque de género.
