La seguridad en Chiapas enfrenta un nuevo episodio de escrutinio. Autoridades estatales confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer la presunta existencia de pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo táctico creado para reforzar el combate al crimen en la entidad. Los señalamientos surgieron a partir de documentos que circularon recientemente y que aluden a una supuesta “narconómina”.

De acuerdo con la información preliminar, las listas incluirían nombres y montos que habrían sido entregados de manera periódica a cambio de protección o filtración de datos operativos. Aunque la autenticidad de esos registros aún está bajo análisis, el gobierno estatal instruyó a la Fiscalía y a las instancias anticorrupción a revisar el contenido y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

El caso golpea en un punto sensible: la confianza pública. La Fuerza Pakal fue presentada como una respuesta estratégica frente al avance de grupos delictivos en distintas regiones de Chiapas. Si se comprueba algún vínculo indebido, el impacto no sería solo legal, sino simbólico, al poner en duda la solidez de las instituciones encargadas de contener la violencia.

Mientras avanzan las indagatorias, el gobierno aseguró que no habrá encubrimientos y que cualquier elemento implicado será separado del cargo. En un estado donde la seguridad se ha convertido en tema central del debate público, la investigación no solo busca deslindar responsabilidades, sino también enviar un mensaje de control interno en medio de la presión social y política.