El Congreso del Estado de San Luis Potosí confirmó que será el encargado de organizar directamente las consultas públicas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) declinara su participación en el proceso. El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó que el protocolo correspondiente estará listo en abril, garantizando que el ejercicio se realice conforme a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal del país.
Serrano Cortés explicó que, tras la negativa del CEEPAC, legisladores, asesores jurídicos y la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, sostuvieron una reunión con representantes de la SCJN para informar sobre los avances en la planeación de este proceso y definir los pasos a seguir. Agradeció la disposición del alto tribunal para acompañar al Congreso en la elaboración de los mecanismos técnicos y legales que garanticen la validez de las consultas.
“El Congreso del Estado está en condiciones de llevar a cabo este ejercicio; buscamos cumplir con las disposiciones judiciales y evitar futuras impugnaciones. La Corte nos otorgó un plazo para presentar el protocolo, las preguntas y los criterios formales que regirán el proceso”, señaló el legislador.
El diputado recordó que una consulta previa tuvo un costo aproximado de nueve millones de pesos, cifra que servirá como referencia para el nuevo presupuesto, el cual ya se ha discutido con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo. Subrayó que se procurará la eficiencia financiera, sin comprometer la transparencia ni la legalidad del ejercicio.
Asimismo, Serrano Cortés detalló que se llevarán a cabo dos consultas: una sobre discapacidad, cuya ejecución será más sencilla y ocurrirá primero, y otra relativa a la Ley Indígena, que requerirá una logística más compleja debido a la participación directa de comunidades y pueblos originarios, conforme a los principios de consulta previa, libre e informada.
Con estas acciones, el Congreso del Estado busca garantizar la participación ciudadana y el cumplimiento de las resoluciones judiciales con responsabilidad institucional.
