El camino hacia el título universitario no puede convertirse en una barrera económica. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que la Universidad Nacional Autónoma de México no está facultada para cobrar por cursos que resulten obligatorios para cumplir con requisitos de titulación.

El fallo se originó en la Facultad de Derecho, donde se ofrecía un curso de comprensión de lectura como única alternativa para acreditar el requisito de idioma contemplado en el plan de estudios. Al analizar el caso, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el amparo promovido por un estudiante y sostuvo que dicho cobro contravenía el principio constitucional de gratuidad en la educación superior.

La resolución pone el acento en un punto clave: si un curso es condición indispensable para concluir la carrera, forma parte integral del proceso formativo. Exigir un pago adicional, advirtió la ministra, genera una desigualdad directa entre quienes pueden cubrir el costo y quienes no, afectando el derecho a culminar los estudios en condiciones equitativas.

El criterio se sustenta en la reforma constitucional de 2019, que obliga al Estado a garantizar la gratuidad en todos los niveles educativos. A más de seis años de su aprobación, la Corte recordó que su aplicación debe traducirse en medidas concretas que eliminen obstáculos económicos y aseguren que el acceso al título profesional no dependa del bolsillo, sino del mérito académico.