Por Eugenia González

IMPLAN alista plan maestro de ciclomovilidad y zona 30 para el Centro Histórico

Javier Ernesto Flores Navarro afirma que 2026 podría ser el año de las ciclovías en la capital potosina.

El titular del Instituto Municipal de Planeación en San Luis Potosí, Javier Ernesto Flores Navarro, informó que está por publicarse el plan maestro de ciclomovilidad, el cual contempla la implementación de una zona de velocidad 30 en el Centro Histórico. Señaló que actualmente se afinan detalles presupuestarios para iniciar la expansión de nuevas ciclovías y expresó su expectativa de que este año sea clave para impulsar la movilidad no motorizada en la ciudad. 

Flores Navarro explicó que el principal reto para concretar el proyecto ha sido el tema financiero, debido a que el programa impulsado por el alcalde es ambicioso y requiere recursos importantes. Indicó que se han considerado medidas como la subasta de algunos inmuebles para fortalecer el presupuesto, al reconocer que en ocasiones “lo urgente no deja atender lo importante”.

Sobre la ciclovía de la avenida Avenida Venustiano Carranza, precisó que representa apenas tres kilómetros de los 131 proyectados en el plan integral, aunque admitió que es el tramo más politizado. Consideró que la disminución en ventas que reporta parte del comercio no puede atribuirse exclusivamente a la ciclovía, sino a factores como obras previas, los efectos económicos de la pandemia y la falta de ajustes en los costos de renta.

El funcionario adelantó que, tras concluir la actualización del plan del Centro Histórico, se impulsará el regreso de vivienda a la zona, bajo la premisa de que donde hay habitantes se fortalece el comercio local. Añadió que el alcalde ha asumido un papel de mediación para encontrar acuerdos entre sectores involucrados y avanzar en soluciones equilibradas.

En cuanto a la posible regulación de rentas desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí, Flores Navarro señaló que el mercado suele regirse por la oferta y la demanda, por lo que advirtió que una intervención excesiva podría desincentivar la inversión y reducir la disponibilidad de vivienda. No obstante, reconoció que algunos contratos ya contemplan incrementos ligados a la inflación y que el debate deberá centrarse en encontrar un punto medio que no frene el desarrollo urbano.