En medio de la preocupación ciudadana por la calidad de los alimentos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene facultades legales para sancionar a las tortillerías por problemas de higiene o manejo sanitario. La institución explicó que su papel se limita a vigilar prácticas comerciales y no aspectos relacionados con la salud pública.

La dependencia precisó que su supervisión en estos negocios se centra en garantizar condiciones justas para las personas consumidoras. Entre sus funciones está verificar que los precios estén visibles, que se respeten al momento de la compra y que las básculas entreguen kilos completos, evitando prácticas que puedan afectar la economía familiar.

La aclaración surge luego de que circularan versiones atribuidas a una oficina regional de la procuraduría que advertían sobre supuestas multas millonarias por problemas de higiene en la venta de tortillas. Ante la confusión generada, la institución desmintió esa posibilidad y recordó que las inspecciones sanitarias corresponden a otras autoridades competentes.

Pese a ello, Profeco mantiene presencia en el sector a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, con operativos de monitoreo en más de 600 establecimientos. Estas revisiones forman parte del programa “Quién es Quién en los Precios”, enfocado en observar el comportamiento del mercado y promover transparencia en la venta de uno de los alimentos básicos de la mesa mexicana.