A la fecha la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) ha despedido por acoso y violación sexual hasta 40 funcionarios públicos, donde an algunos casos ya han sido procesados y sentenciados, informó su titular, Juan Carlos Torres Cedillo.
"Tenemos alreredor de 38, 40 casos que hemos cesado a funcionarios de todos los sectores, es decir administrativos manuales, docentes, directivos que han tenido que ver con acoso e incluso violación sexual", expresó en entrevista.
Torres Cedillo mencionó que a raíz del abuso sexual en contra de 9 niños y niñas menores de cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil 1 de la capital potosina en el 2023, la dependencia a su cargo decidió no contratar hombres para el trabajo de intendencia y únicamente mujeres, aunque han enfrentado por ello conflictos con el SNTE.
Detalló que la máxima sanción que la SEGE a los acosadores y violadores es sacarlos de nómina y cesarlos, pero que las familias de las víctimas han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y que los casos de agresión física o sexual sean judicializados.
En torno a las medidas de seguridad para evitar el ingreso de armas o drogas en los y fuera de los más de 8 mil escuelas y 860 mil estudiantes de Educación Básica en la cuatro regiones de la entidad, toda vez que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) comienza a implementar el reconocimiento facial y en la Universidad Politécnica incluso tienen un C-4, el titular de la SEGE mencionó que ya hay una estrategia en curso como los programas de "Mochila segura", así como algunas secundarias donde han colocado cámaras de videovigilancia en circuito cerrado, así compo teléfonos de reacción inmediata en conexión directa con las corporaciones policiacas.
Por acoso y violación sexual a alumnos de educación básica han sido cesados 40 servidores públicos: Sege
Detalló que la máxima sanción que la SEGE a los acosadores y violadores es sacarlos de nómina y cesarlos, pero que las familias de las víctimas han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y que los casos de agresión física o sexual sean judicializados.
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