La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen que busca fortalecer la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores en la entidad, mediante reformas a la legislación local que sancionen cualquier tipo de injerencia por parte de servidores públicos.
La presidenta de esta comisión legislativa, la diputada Ma. Sara Rocha Medina, explicó que la iniciativa plantea la adición del artículo 70 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, así como la incorporación del artículo 63 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
De acuerdo con la legisladora, la reforma tiene como objetivo garantizar que las organizaciones sindicales puedan ejercer su derecho a la autonomía sin presiones ni interferencias externas, particularmente de funcionarios públicos que pudieran intentar influir en su funcionamiento o en la toma de decisiones internas.
La propuesta fue presentada por el diputado Crisógono Pérez López y plantea establecer mecanismos legales que protejan a los sindicatos frente a cualquier forma de intervención indebida en su vida interna. Con ello, se busca asegurar que los procesos sindicales se desarrollen con libertad, transparencia y apego a los principios democráticos.
Entre los aspectos contemplados en la iniciativa se incluyen diversas hipótesis relacionadas con posibles actos de injerencia sindical. Estas medidas pretenden fortalecer la neutralidad institucional, prevenir prácticas que vulneren la independencia de los sindicatos y consolidar procesos democráticos en la elección de dirigencias.
La diputada explicó que la reforma también establece que cualquier servidor público que incurra en actos de intromisión en actividades sindicales podrá ser sancionado conforme a lo establecido en la legislación administrativa vigente. Dichas conductas serían consideradas faltas administrativas graves.
Asimismo, se busca garantizar que las organizaciones sindicales cuenten con protección frente a cualquier intento de interferencia en su funcionamiento, administración o en los procesos de elección de sus dirigencias, incluyendo aspectos como la elegibilidad de candidatos, la reelección o la eventual destitución de directivas.
La iniciativa fue respaldada también por representantes sindicales, entre ellos dirigentes de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como integrantes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
Tras su aprobación en comisión, el dictamen será turnado al pleno del Congreso del Estado para su análisis, discusión y votación correspondiente.