En un giro que redefine su política exterior, Costa Rica decidió cerrar su embajada en La Habana y limitar su relación con Cuba a un nivel estrictamente consular. La decisión no implica una ruptura total, pero sí marca una distancia significativa en el vínculo diplomático entre ambos países.

El gobierno costarricense justificó la medida al señalar preocupaciones sobre la situación interna en la isla, particularmente en materia de derechos y libertades. Bajo este argumento, consideró insostenible mantener una representación diplomática plena, optando por retirar a su personal y reducir su presencia institucional.

La disposición también incluye la salida de funcionarios cubanos acreditados en Costa Rica, con excepción de aquellos que desempeñan funciones consulares. Este ajuste transforma la relación en un esquema mínimo, enfocado únicamente en la atención de ciudadanos y trámites básicos, dejando atrás el intercambio político directo.

El movimiento ocurre en un contexto regional donde las posturas frente a Cuba se han vuelto cada vez más polarizadas. Más allá de la decisión puntual, el episodio evidencia cómo la diplomacia latinoamericana atraviesa un momento de redefiniciones, en el que los posicionamientos ideológicos comienzan a pesar tanto como los intereses históricos.