El costo de respirar, en plena crisis sanitaria, también tuvo detrás una disputa económica. Autoridades mexicanas impusieron sanciones por más de 800 millones de pesos a empresas proveedoras de oxígeno medicinal tras detectar prácticas monopólicas que impactaron directamente en el acceso y el precio de este insumo esencial.

La investigación reveló que varias compañías del sector incurrieron en acuerdos para controlar el mercado, limitando la competencia y generando condiciones desfavorables para hospitales y familias. Estas conductas ocurrieron en un contexto crítico, cuando la demanda de oxígeno se disparó y miles de personas dependían de su disponibilidad para enfrentar enfermedades respiratorias.

Más allá de la cifra, el caso exhibe una de las caras menos visibles de la emergencia: la vulnerabilidad del sistema frente a intereses económicos en momentos de alta presión. Mientras pacientes buscaban desesperadamente abastecerse, el mercado operaba bajo dinámicas que, según las autoridades, distorsionaron el acceso a un recurso vital.

La sanción busca no solo castigar las irregularidades, sino enviar un mensaje sobre la regulación en sectores estratégicos. Sin embargo, el episodio deja una pregunta abierta sobre la capacidad del Estado para anticipar y contener este tipo de prácticas, especialmente cuando la salud pública depende de cadenas de suministro controladas por pocos actores.