El Instituto de Fiscalización Superior del Estado notificó oficialmente el inicio de la auditoría correspondiente a la cuenta pública 2025 del Congreso del Estado, como parte del programa anual de revisión del ejercicio del gasto público. La notificación fue recibida por la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Roberto García Castillo; y el titular de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, Luis Fernando Gámez Macías.
Durante el acto, la diputada Sara Rocha Medina destacó que el Poder Legislativo debe actuar con apertura y responsabilidad en materia de rendición de cuentas. Señaló que la presencia permanente de auditores dentro del recinto legislativo facilitará el acceso a la documentación requerida y permitirá que el proceso se desarrolle con mayor eficiencia. Subrayó que existe plena disposición para colaborar con las revisiones y cumplir con los lineamientos establecidos por la ley.
Asimismo, la legisladora hizo un llamado a los entes sujetos a fiscalización, especialmente a los ayuntamientos de San Luis Potosí, para que mantengan una actitud de apertura ante las auditorías. Indicó que la cooperación institucional es fundamental para fortalecer los mecanismos de control y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, lo que se traduce en mayor confianza ciudadana.
Por su parte, el titular del organismo fiscalizador, Joaquín Rodrigo Leocurtois López, explicó que el Congreso del Estado forma parte de los tres poderes que serán auditados durante este ejercicio. Añadió que la revisión se realizará a lo largo del año mediante un trabajo coordinado con las áreas administrativas del Legislativo, con el fin de verificar el manejo de los recursos y aclarar cualquier observación que pudiera surgir.
Las y los diputados firmaron las actas de inicio de auditoría y reiteraron su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Destacaron que la fiscalización permanente contribuye a fortalecer las instituciones y garantiza que el ejercicio del gasto público se realice con apego a la normatividad vigente, en beneficio de la ciudadanía.
