El escándalo financiero alrededor de Jeffrey Epstein sigue extendiendo sus ramificaciones, ahora con un nuevo acuerdo que vuelve a colocar a la banca internacional bajo escrutinio. Bank of America pactó el pago de más de 72.5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por víctimas del empresario, en un proceso que aún debe ser validado por una corte federal en Nueva York.

La denuncia no apunta a una participación directa en los delitos, sino a una omisión clave: la falta de control sobre movimientos financieros ligados a Epstein y su círculo cercano. Entre los nombres señalados aparece Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de menores, así como el empresario Leon Black, cuyas transacciones con Epstein, incluyendo una transferencia millonaria, encendieron cuestionamientos sobre la vigilancia interna del banco.

El caso revela una dimensión menos visible del delito: la infraestructura financiera que permite su operación. Para las víctimas, no se trata solo de responsabilidades individuales, sino de instituciones que, al no detectar o frenar flujos sospechosos, habrían contribuido indirectamente al sostenimiento de estas redes.

Aunque Bank of America rechazó haber facilitado actividades ilícitas, el acuerdo se suma a otros alcanzados en el mismo contexto. Instituciones como JPMorgan Chase y Deutsche Bank ya han enfrentado pagos similares, configurando un patrón que pone en duda los mecanismos de supervisión del sistema financiero frente a delitos de alto impacto.