La senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, colocó en el centro del debate legislativo la protección a denunciantes de corrupción al presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la que busca garantizar condiciones seguras para quienes expongan actos indebidos dentro del sector público.

Desde tribuna, la legisladora subrayó que su propuesta tiene como eje principal proteger la integridad, los derechos laborales y la confidencialidad de los denunciantes, mediante medidas proporcionales al nivel de riesgo. Destacó que el temor a represalias ha frenado históricamente la denuncia, debilitando los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción.

La iniciativa impulsada por Ruth González también plantea que cualquier acto de represalia —como despidos injustificados, amenazas o acoso— sea considerado una falta administrativa grave, con el fin de inhibir estas prácticas y generar mayor confianza en los mecanismos de denuncia.

Además, propone ampliar la cobertura de protección incluso a familiares de los denunciantes cuando exista un riesgo latente, así como reforzar la difusión de estos mecanismos a través del Sistema Nacional Anticorrupción, para incentivar una mayor participación ciudadana.

González Silva enfatizó que esta reforma no solo busca proteger a quienes denuncian, sino también fortalecer la capacidad del Estado para detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, al generar un entorno donde prevalezcan la confianza, la legalidad y la transparencia.