Luego de manifestar que con base en cálculos inflacionarios desde que se realizó la Consulta Indígena en 2022 impugnada y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandató a repetir, se requieren entre 18 y 20 millones de pesos para hacerla junto con la Consulta a personas con discapacidad, el coordinador de la bancada del PVEM, mayoritaria en el Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés advirtió que el Artículo Transitorio Octavo de la reforma constitucional aprobada ayer en el Congreso de la Unión y hoy en el Legislativo potosino, les impide solicitar una ampliación presupuestal, por lo que acudirán a la Corte para que les marque la ruta para dar cumplimiento a la sentencia ya sea con la autorización del acceso a recursos extraordinarios o bien modificar la ruta operativa ordenada para abatir costos.

El legislador recordó que el Octavo Transitorio establece que “Las entidades federativas cuyas legislaturas al entrada en vigor del presente Decreto cuenten con un presupuesto anual que representen un porcentaje igual o menor al límite previsto en el Artículo 116 de esta Constitución no podrán autorizar, aprobar o ejercer para sí mismos incrementos presupuestales reales respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2026 ni incrementar dicha proporción respecto al Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente a ejercicios fiscales subsecuentes”.

Serrano Cortés también acentuó que con base en la Ley Indígena estatal que se tiene que cumplir la Consulta consta de 13 puntos en su ruta crítica y que ahora con el Decreto están estancados en el Punto 2 que tiene que ver con el presupuesto, ya que la propia reforma constitucional aprobada les impide ajustar recursos.

Por ello, el líder de la bancada del PVEM señaló que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el titular del área Jurídica acudirá a la SCJN de la nación a plantear el impedimento legal que enfrentan.

“Lo que le vamos a decir a la Corte es que no tenemos evidentemente el recurso para continuar con ello, nosotros hemos cumplido a cabalidad con los tiempos, el ente consultante que es la figura que se da es el procedimiento que se aprobó en conferencia y es lo que vamos a reportar hoy a la Corte, ya estamos constituidos, ahora dinos cómo le hacemos para el Presupuesto, no sé si la Corte intervenga para que nos entreguen el presupuesto que tiene que ver mucho con el cuerpo de asesores que interactúan en las diferentes comunidades, traslados y demás, logísticamente lo que se hizo en el 2022 implicó en base a usos y costumbres una gran cantidad de necesidades por atender”, indicó.

Serrano Cortés consideró como que la limitante que establece ahora el llamado “Plan B” es totalmente circunstancial, pero que sí limita la posibilidad de la Consulta en base a las condiciones presupuestales con las que cuentan.

“Más bien que la Corte nos diga si podemos suplir algunos mecanismos para hacerlo, si es así lo podríamos hacer, en el Octavo Transitorio es imposible, ya tiene efectos constitucionales al día siguiente de la publicación, no nos da tiempo a nosotros. Hay una figura jurídica que nos permita atender lo que dice la Ley en materia Indígena supliendo condiciones para que nos aproximemos, ahora habrá que ver si eso lo acepta la comunidad indígena que es todo un tema complejo y costoso”, puntualizó.