El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a propuesta de la diputada Diana Ruelas Gaitán, con el objetivo de fortalecer la protección de este sector mediante la incorporación de principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación.

La legisladora explicó que estas reformas buscan consolidar una visión integral que garantice la dignidad, autonomía y desarrollo pleno de las personas adultas mayores. Además, se pretende fomentar la corresponsabilidad entre familias, sociedad y gobierno, de manera que las acciones en favor de este grupo sean coordinadas y respondan a sus necesidades específicas.

Con los cambios aprobados, se establecen lineamientos orientados a promover la participación activa de las personas adultas mayores en la vida social, en condiciones de igualdad. Asimismo, se impulsa la accesibilidad universal mediante la eliminación de barreras físicas, culturales, comunicativas y normativas, así como la implementación de ajustes razonables que faciliten su integración en distintos ámbitos.

Las reformas también contemplan el principio de transversalidad, que obliga a las autoridades a coordinarse dentro de sus respectivas competencias para garantizar el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de este sector. Esto implica que las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores deberán abarcar áreas como salud, educación, justicia, trabajo y vivienda.

De acuerdo con la diputada, el alcance de estas modificaciones no se limita a programas asistenciales, sino que busca generar una atención integral que promueva igualdad de oportunidades y evite cualquier forma de exclusión o discriminación. La intención es que las instituciones trabajen de manera articulada para mejorar el bienestar físico y mental de la población adulta mayor.

Con la aprobación de estas reformas, el Congreso del Estado pretende fortalecer el marco legal para garantizar que las políticas públicas sean diseñadas y evaluadas tomando en cuenta las condiciones y necesidades de este grupo poblacional. De esta forma, se impulsa una estrategia de Estado que promueva su participación activa y asegure una mejor calidad de vida.