Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres durante la atención médica relacionada con el embarazo, el parto, el posparto y el aborto, la diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para robustecer el marco jurídico en materia de violencia obstétrica.
La propuesta contempla la elaboración de un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica, con el propósito de establecer criterios claros para el personal de salud y garantizar una atención basada en el respeto a los derechos humanos, la dignidad y la autonomía de las pacientes. Asimismo, plantea precisar los requisitos del consentimiento informado en la atención obstétrica, asegurando que la información sea proporcionada de manera clara, suficiente y, cuando sea necesario, en la lengua materna de la persona usuaria.
La legisladora explicó que la iniciativa también reconoce de manera expresa diversos derechos de las pacientes, entre ellos el de estar acompañadas por una persona de su elección durante el proceso de atención médica, favorecer el contacto inmediato entre la madre y el recién nacido cuando las condiciones clínicas lo permitan, así como el acceso oportuno a su expediente clínico.
Frinné Azuara destacó que la violencia obstétrica constituye una forma de violencia de género que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la salud, la integridad física y emocional, la autonomía reproductiva, el trato digno y el derecho al consentimiento informado. Indicó que este fenómeno puede manifestarse mediante prácticas como el trato humillante, regaños, procedimientos realizados sin autorización o intervenciones innecesarias durante la atención médica.
La diputada señaló que la armonización de la legislación estatal responde a compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y recordó que la mayoría de las entidades federativas ya cuentan con disposiciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia. Consideró que San Luis Potosí debe fortalecer su marco normativo para brindar mayor protección a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Como sustento de la propuesta, mencionó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reveló que el 33.4 por ciento de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 experimentaron algún tipo de violencia obstétrica, siendo el trato deshumanizado y la falta de información algunas de las situaciones más frecuentes.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación, con la finalidad de fortalecer la atención médica obstétrica y garantizar una experiencia más segura, respetuosa y libre de violencia para las mujeres potosinas.
