La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado aprobó un dictamen mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Tránsito de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el trabajo en favor de la comunidad como una alternativa de sanción y mecanismo de reparación del daño.

El presidente de dicha comisión, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, explicó que esta figura jurídica permitirá que las personas infractoras puedan cumplir con sus responsabilidades mediante acciones que generen un beneficio directo a la sociedad, en lugar de recurrir exclusivamente al pago de multas económicas.

De acuerdo con lo aprobado, esta iniciativa —impulsada por la legisladora Jacquelinn Jáuregui— busca fortalecer un modelo de sanciones más socialmente útil, en el que las faltas administrativas puedan resolverse a través de actividades que contribuyan a mejorar el entorno urbano y comunitario.

Badillo Moreno señaló que esta propuesta representa un avance en materia de justicia cívica, ya que permite transformar una sanción económica en una acción con impacto positivo para la ciudadanía, además de fomentar la corresponsabilidad social de quienes incurren en alguna infracción.

La reforma establece que las personas sancionadas podrán solicitar ante la autoridad correspondiente la sustitución de la multa por jornadas de trabajo comunitario, siempre que cumplan con los criterios que se determinen en la reglamentación.

Entre las actividades consideradas como trabajo en favor de la comunidad se incluyen labores de limpieza en espacios públicos, mantenimiento de áreas verdes, pintura de infraestructura urbana y rehabilitación de bienes del dominio público, entre otras acciones similares.

Asimismo, la propuesta contempla que dichas actividades podrán asignarse considerando los conocimientos, habilidades y experiencia de cada persona, con el propósito de garantizar una participación adecuada y efectiva.

Con esta modificación legal, el Congreso busca impulsar una visión más formativa de las sanciones administrativas, orientada a la reparación del daño y al fortalecimiento del tejido social mediante la participación ciudadana en beneficio de la comunidad.