Frente a la inconformidad que diversas familias de víctimas han manifestado en torno a la impartición de justicia en San Luis Potosí, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reconoció que los juicios de amparo ya no son un caso aislado, sino una regla para intervenir durante un tiempo prolongado, en el aplazamiento de juicios y decisiones de autoridades frente a una posible sentencia.

La presidenta magistrada del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez reconoció en este proceso legal la garantía de protección a derechos humanos, sin embargo, también añadió que su interposición puede retrasar los juicios entre 6 a 18 meses, después de la presunta comisión de un delito de alto impacto.

Tal ha sido el caso reiterado de por lo menos, cuatro casos de homicidio, intento de homicidio y violación que han ocurrido en San Luis Potosí y que vinculan a jóvenes estudiantes como las víctimas. 

El más reciente, cobró la salud del adolescente Zahid de 12 años, que resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la nuca durante un ataque armado en la colonia Satélite de la capital. Su familia, denunció que a casi cuatro meses del atentado en un taller mecánico familiar, el atacante del menor continúa en libertad gracias a la disposición de un amparo judicial.

Frente a situaciones como la anterior, Zarazúa Martínez explicó que las sentencias de amparo no dependen de los funcionarios ni de la institución que obsequia una orden de aprehensión; si no que son decisiones exclusivas de un Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que deben ser obedecidas de forma estricta.

"Nosotros tenemos que acatar las decisiones aunque muchas de las veces no estemos de acuerdo... Los amparos ya no son una excepción si no que hacen que se retrasen muchísimo los juicios", declaró.

Según estimó, frente a un juicio de amparo indirecto que funciona contra leyes, multas, clausuras o detenciones ilegales, el asunto tarda en resolverse al menos seis meses. Mientras que ante un amparo directo, utilizado para impedir sentencias definitivas o laudos, las resoluciones demoran hasta un año y medio. 

Por último, la presidenta del STJE indicó que durante cualquier procedimiento en que se anteponga la defensa de los derechos humanos, es común que una de las partes manifestará su inconformidad sobre lo decidido. Sin embargo, puntualizó que los juzgados trabajan en el desahogo progresivo de los asuntos que requieren su atención.

Mientras tanto, las familias de jóvenes como Zahid, de Jorge Eduardo Dávila Ramírez y de Miguel Ángel Rocha Medina, exigen justicia ante las agresiones que asechan a la población estudiantil para que sus homicidios no salgan impunes.