La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los pueblos y comunidades indígenas pueden participar como terceras interesadas en controversias constitucionales cuyos efectos puedan impactar directamente sus derechos. La determinación representa un cambio en su acceso a la justicia y amplía su participación dentro de procesos que anteriormente no contemplaban esta posibilidad.

El criterio surgió al analizar dos recursos relacionados con la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en Michoacán. El caso está vinculado con controversias promovidas por el municipio de Zitácuaro sobre asuntos de autogobierno y recursos presupuestales, materias que inciden directamente en la organización y autonomía de la comunidad.

Con una votación de cinco ministros a favor y cuatro en contra, el pleno sostuvo que las comunidades deben contar con mecanismos efectivos para defender sus intereses cuando una controversia constitucional pueda tener consecuencias sobre ellos. La resolución les permite conocer el expediente, formular argumentos y participar directamente en el procedimiento.

La decisión se apoyó en los artículos 2 y 17 de la Constitución, particularmente en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y en la garantía de acceso efectivo a la justicia. Para la mayoría, negarles esta posibilidad limitaría en la práctica los derechos reconocidos por la reforma constitucional.

El fallo también generó un debate sobre los alcances de las facultades de la Corte. Los ministros que votaron en contra señalaron que la figura de tercera persona interesada debe sujetarse a lo establecido expresamente por el artículo 105 constitucional y cuestionaron que el tribunal amplíe su aplicación mediante interpretación judicial.

La SCJN precisó que este criterio no autoriza a las comunidades indígenas a iniciar controversias constitucionales, sino a intervenir en aquellas que ya se encuentren en trámite cuando sus derechos puedan resultar afectados. Con ello, su participación deja de depender únicamente de mecanismos de opinión como el amicus curiae.