San Luis Potosí obtuvo un balance favorable en la segunda entrega de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al concluir que el 98.1 por ciento de los resultados de las revisiones no presentó irregularidades o ya fue solventado.
El contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó que el organismo federal practicó nueve auditorías mediante las cuales revisó el ejercicio de 29 mil 171.75 millones de pesos correspondientes a recursos públicos.
De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, se generaron 156 resultados, de los cuales 153 quedaron sin observaciones pendientes o fueron atendidos por las autoridades estatales. Los tres restantes continúan en proceso de aclaración documental y administrativa.
Aguiñaga Muñiz consideró que las cifras reflejan las acciones de control, supervisión y rendición de cuentas implementadas por la administración encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Aseguró que la política financiera estatal está orientada a garantizar que el presupuesto se ejerza conforme a la ley y con criterios de eficiencia y transparencia.
El contralor también sostuvo que la disciplina en el manejo de los recursos permite destinarlos a proyectos de infraestructura, rehabilitación de caminos, servicios básicos, recuperación de espacios públicos y programas sociales dirigidos a las familias potosinas.
En ese sentido, señaló que la prioridad del Gobierno estatal es que las inversiones y los apoyos lleguen a los municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante acciones que atiendan las necesidades de la población.
Aunque el resultado general de la fiscalización fue favorable, el funcionario indicó que la Contraloría mantiene el seguimiento a los requerimientos de la ASF para completar la documentación y atender los tres asuntos que permanecen abiertos.
Finalmente, reiteró que continuarán las labores de vigilancia sobre el ejercicio del presupuesto estatal, con el propósito de mantener el cumplimiento de las disposiciones legales y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en beneficio de los habitantes de los 59 municipios.
