La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales no son recientes y podrían remontarse a la década de 1990, mucho antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria se refirió a una investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, sobre un grupo de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con la información expuesta por la funcionaria, ambos empresarios tuvieron antecedentes laborales en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, comenzaron a participar en el mercado de fabricación y distribución de materiales utilizados en procesos electorales.
La investigación señala que, entre 2014 y 2023, compañías relacionadas con los hermanos consiguieron adjudicaciones por 2 mil 94 millones de pesos en 23 organismos públicos locales electorales. A esta cantidad se suman otros 646 millones de pesos en contratos obtenidos durante 2024 y 2025.
Buenrostro explicó que una de las posibles irregularidades consistía en simular competencia entre compañías vinculadas entre sí, que participaban en los mismos concursos de contratación. Entre los elementos identificados también mencionó coincidencias en domicilios y teléfonos, así como presuntas deficiencias en personal y capacidad técnica para cumplir con los servicios.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum aclaró que no sería correcto responsabilizar únicamente a la actual administración del INE, pues los antecedentes abarcan distintas etapas de la institución electoral. Sin embargo, subrayó que las autoridades deberán investigar y sancionar cualquier conducta ilegal que se compruebe.
Además, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los contratos y establecer posibles responsabilidades.
Como parte de las medidas anunciadas, adelantó que la próxima semana presentará un decreto para modificar el Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, con mayor participación de instituciones gubernamentales y académicas, a fin de fortalecer la supervisión y transparencia en la producción de materiales electorales.
